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Así fue la condena de Arias Cabrales.

  • 28 sept 2015
  • 3 Min. de lectura

Jesús Armando Arias Cabrales fue un militar retirado colombiano, ex-jefe del Estado mayor de las fuerzas militares de Colombia, comandante de la Xlll Brigada del ejército con jurisdicción sobre la ciudad de Bogotá y el departamento de Cundinamarca.


Dirigió la operación del rescate tras presentarse la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 por parte de los guerrilleros movimiento 19 de abril (m-19), siendo ya general el retiro, se le acusó de haber participado en la desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia.


Casado con Martha Isaza, y padre de tres hijos, a lo largo de su carrera se había destacado por ocupar los primeros puestos en los cursos de capacitación de acenso, se especializó en comando y Estado mayor en Ford Leventhworth (EEUU), donde fue uno de los graduados con honor, entre cerca de 800 alumnos de varios países del mundo.

Un hombre muy inteligente, sereno y que jamás perdía el control, hacia escasos tres días había resumido el cambio de la brigada, luego de regresar de la península del Sinaí donde había ido con la tarea de pasar inspección al batallón de Colombia que cumplía con la labor de policía internacional en el conflicto de Israel y Egipto.

Jesús Armando Arias Cabrales fue el superior inmediato de los coroneles Edilberto Sánchez, Luis Carlos Sadovnick y Alfonso Plazas Vega, cómplices directos de la desaparición de personas en la toma del palacio de justicia, acusados por desaparición forzada y asesinato.Jesús Amando Arias Cabrales fue condenado a 35 años de cárcel por la desaparición de varios rehenes que salieron vivos del Palacio de Justicia y de la guerrillera Irma Franco.


En enero de 1997 el Consejo del Estado condenó a la Nación a pagar 25 millones de pesos al grupo familiar de Irma Franco por su desaparición. El fallo dice que estaba obligado a proteger la vida de los detenidos y responder por ellos.


En abril de 2011 la jueza 51 del penal del circuito, María Cristina Trejos, condenó al general Jesús Armando Arias Cabrales a 35 años de cárcel sin beneficio de detención domiciliaria y a 20 años de inhabilidad de ejercer cargos públicos.Por el delito de desaparición forzada en los casos de Bernardo Beltrán, quien era mesero de la cafetería; Carlos Rodríguez, administrador; Davis Suspes, administrador, Luz Mary Pórtela e Irma Franco Pineda.“No cabe duda que cabrales coordinó, dirigió y supo que estas personas salieron del Palacio de Justicia”, dijo la fiscal delegada ante la corte durante el desarrollo del juicio.


El pasado 28 de octubre, el Tribunal superior de Bogotá ratificó la decisión de la primera instancia y condenó al general, quien permanece recluido en la escuela de infantería.


Un video de la cafetería del Palacio de Justicia sirvió de evidencia para las autoridades, para esclarecer que Arias Cabrales fue cómplice de la desaparición de estas personas, “se ve de frente y luego de lado y se aprecia perfectamente la forma y el contorno de la cabeza, el estilo del corte y la abundancia del cabello y la existencia de la forma del bigote, la línea y la abundancia de las cejas” fue una de las pruebas claves para sentenciar a 35 años de cárcel a Jesús Armando Arias Cabrales.

Jesús Armando Cabrales. Foto: google


Arias Cabrales según el tribunal, no cumplió su deber de proteger a los sobrevivientes y su actuación permitió la desaparición probada de al menos cinco personas (de los 11 cuyo rastro, 29 años después, sigue desaparecido), lo cual es probable que Arias Cabrales fue cómplice para la desaparición de estas personas.

Con ponencia del magistrado Luis Fernando Ramírez, la sala afirma que hubo instrucciones de algunos de los oficiales que encabezaron la retoma que tenían un “evidente designio maligno” y que hubo “instrucciones complementarias” que terminaron en graves crímenes cometidos por los militares bajo su mando.


No es posible que después de 20 años sean condenados los culpables de este crimen múltiple, lo cual es indignante para los familiares de las víctimas y para la población, la negligencia del Estado en las investigaciones para que estas personas hubiesen sido condenadas, lo cual hace pensar que encubre a estas personas de sus crímenes por ser militares o bien dicho servidores públicos.

 
 
 

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